Dictan auto de formal prisión a Salazar Mendiguchía

El ex gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía recibió del Juez Tercero del Ramo Penal el auto de formal prisión por cinco delitos, tras vencer el plazo constitucional solicitado por la defensa. Se le acusa de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa, acciones que fueron cometidas entre 2005 y 2007. El juez valoró como suficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público que acreditan que Salazar Mendiguchía, conjuntamente con diversos servidores públicos de su administración, desvió recursos del estado por 104 millones de pesos. Al instruírsele un delito grave (asociación delictuosa), Salazar no alcanza el beneficio de la libertad provisional bajo fianza, por lo que enfrentará el proceso penal internado en el Centro Estatal para la Reinserción Social Número 14, conocido como El Amate. En sus resolutivos, el Juez Belisario F. Domínguez también suspendió los derechos políticos del ex mandatario de Chiapas y ordenó remitir oficios al consejo de ejecución de sanciones penales y medidas de seguridad, para ficharlo y hacer una búsqueda de posibles antecedentes penales. Salazar Mendiguchía, quien está preso desde el 7 de junio, escuchó la notificación del auto tras la rejilla de prácticas. También estuvo presente su hijo Pablo Salazar López, quien omitió hacer algún comentario. Según la parte acusadora, a través de una aseguradora, contrataron una póliza denominada Vidadot-2-2 que abarcaba cobertura básica por fallecimiento, cobertura por supervivencia y cobertura por gastos funerarios por el periodo que comprendía del 19 de diciembre del 2005 al siete de diciembre de 2006, es decir, un día antes de terminar su administración al frente del gobierno del estado. La PGJE dijo en una misiva la semana pasada en que fue capturado que los más de 50 ex servidores públicos involucrados le dieron el poder a Nelda Rosa Camacho Alayola, entonces secretaria de Administración, facultándola ante la Compañía Aseguradora para realizar todos los trámites correspondientes y poder cobrar los recursos públicos, lo que realizó por medio de diversos cheques el 27 de febrero de 2007, tres meses después de concluir su periodo, cuando ya no tenían la calidad de servidores públicos. Alfredo Domínguez, uno de los abogados del ex gobernador, reconoció que por una serie de irregularidades que se presentaron durante el desahogo de las pruebas, de alguna manera esperaban que se le dictara la formal prisión a su cliente. "Había alguna señal en términos del proceso, pero esperamos que en las próximas instancias logremos que se haga valer la justicia", indicó. César Cerisola, otro de los representantes del político, comentó que analizan la posibilidad de recurrir a la justicia federal para que, eventualmente, Salazar recupere su libertad. "Es una decisión que no compartimos, la respetamos, pero vamos a combatirla en las instancias correspondientes. Promovimos ya el recursos de apelación, vamos a ver si nos seguimos por esa vía o nos desistimos y nos vamos al juicio de amparo", señaló. El litigante reiteró que el seguro que benefició a Salazar fue contratado legal y debidamente, y expuso que en ningún documento se estipula que los beneficiarios de la póliza, cuyo costo total ascendió a 104.5 millones de pesos, debían reintegrar el dinero a las arcas del Estado. Incluso, aseguró que el Congreso del estado aprobó la partida presupuestal para que se comprara el seguro, y después avaló la Cuenta Pública de los ejercicios fiscales de 2005 y 2006 sin emitir observación alguna. Aseguran propiedades de Pablo Salazar La Procuraduría General de Justicia del Estado aseguró en las últimas horas tres propiedades del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, con lo que cumplimentó órdenes de cateo giradas por el Juez Especializado en Medidas Cautelares. Los inmuebles se ubican en la avenida Margarita y cerrada Gladiola número 333, Residencial Club Campestre; Finca Urbana, en la carretera a San Juan Chamula, sobre el Circuito Las Peras en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, donde fueron ubicadas tres cabañas. Una tercera propiedad se encuentra en la calle Ejército Nacional número 35, entre avenida Diego Dugelay y avenida Huixtla en San Cristóbal de Las Casas, detalló la procuraduría en un comunicado. Por otra parte, la ex directora del Instituto de Vivienda, Socorro del Carmen Domínguez Aguilar, compareció ante el Juez Tercero del Ramo Penal, en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 14 El Amate. Confirmó que en octubre de 2005, por instrucciones de Salazar, un grupo de sus ex colaboradores fue beneficiado con la compra del seguro de vida denominado Vidadot2-2, con un costo de 104 millones de pesos. Domínguez Aguilar, quien fue colaboradora del entonces gobernador Pablo Salazar, reveló que el mandatario ordenó la contratación de ese seguro, para lo cual debió firmar una carta poder a favor de la entonces secretaria de Administración, Nelda Rosa Camacho Alayola. "En octubre de 2006, Nelda Camacho Alayola, me dijo que le firmara una carta poder, la cual estaba sin rellenar y tenía como fecha 6 de diciembre de 2006", señaló. La ex funcionaria sujeta a proceso penal expuso que fue el 27 de febrero de 2007 cuando recibió una llamada de Camacho Alayola, "quien me informó que ya estaba listo el bono". Finalmente, el gobierno Chiapas resaltó en un comunicado las pruebas aportadas por el Ministerio Público para que se dictara la formal prisión. "Se examinaron testimoniales y peritajes en materia contable y grafoscopía donde se analizaron pólizas de cheques, fichas de depósitos y estados de cuenta que fueron emitidos por la entonces Secretaría de Administración, donde se comprueba que los 104 millones de pesos sí pertenecían al erario público", puntualizó.

• 2011-06-15T17:06:45+00:00
• Duration: 03:40

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